Todo indica que cometieron una injusticia con los chilenos acusados de “trata de personas”

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Una pareja de chilenos fue detenida en nuestro país. No sería noticia si no fuese porque todo indica que los han encarcelado injustamente. 

Imagen: USI

Imagen: El Comercio

El 25 de agosto, Rosario Madueño Atalaya y Jorge Tovar Pérez iban a abandonar el país con sus dos mellizos recién nacidos. Estaban en el aeropuerto Jorge Chávez cuando la Policía los detuvo. Los acusaron de trata de personas pues los pequeños nacieron del vientre de una peruana.

Lo que pasó fue que la mujer “subrogó su vientre”. Este proceso de reproducción asistida no es otra cosa que lo que se conoce comúnmente como “el viente de alquiler”. La peruana, cuyo nombre está en reserva, prestó su “vientre” para que el embrión de la pareja se formara y, pasado los nueve meses, entregar a los niños a la pareja que busca tener hijos desde el 2010.

Así ocurrió, pero los chilenos fueron detenidos porque la Policía notó que la fecha de ingreso al Perú era posterior a la fecha del nacimiento de los bebés. Tras ser arrestados y acusados por la Fiscalía de trata de personas, la Corte Superior del Callao dictó un año de prisión preventiva para ambos.

La madre fue recluida en el penal Ancón II, el padre en el penal del Callao, mientras que los reciénnacidos están en manos del Inabif.

La injusticia revelada

Imagen original: El Comercio

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La madre “biológica” de los niños, es decir, la peruana, declaró a las autoridades que ella “no es la madre de los niños”. La declaración la presentó 24 horas:

” Los verdaderos padres son la señora Rosario de los Ángeles Madueño Atalaya y Jorge Tovar Pérez; y que ojalá se aclare de una vez para que los bebes estén juntos con sus papás y que yo he hecho un acto humanitario en apoyarlos. Yo le dije que puedo llevar el embarazo, es decir que puedo llevar a sus bebes”.

No solo está el testimonio de la peruana, sino que la Defensoría del Pueblo y el propio Poder Judicial han dicho que:

Esta modalidad de gestación no es un delito.

La Defensoría del Pueblo ha aclarado que no consideran que se haya cometido el delito de trata de personas (delito que se sanciona con hasta 25 años de cárcel) en este caso:

“La revisión de los documentos obtenidos nos lleva a señalar que los hechos no tipifican en el citado delito, debido fundamentalmente a que los niños serían fruto de un proceso de maternidad subrogada, situación que no se ajusta al ilícito penal que sanciona la venta de niños”.

La Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial  ha aclarado (y en subrayado) exactamente lo mismo en un reciente tuit: 

“En casos de maternidad subrogada (vientre de alquiler), existe una línea jurisprudencial que ha determinado que no está prohibido por ley”.

Imagen: Poder Judicial

Imagen: Poder Judicial

El abogado de la pareja y la Defensoría están exigiendo que se realice algo tan básico como la prueba de ADN para que se demuestre que los bebés son hijos del ciudadano chileno. Entre hoy y mañana se debe resolver la apelación de la pareja ante el Poder Judicial. Si no se les libera a pesar de estos dos pronunciamientos quedará demostrado que no solo maltratamos a los venezolanos.

Texto e imágenes de: Utero
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