Acusarían a Ollanta Humala y Pablo Sánchez por el caso Madre Mía

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El informe de la Comisión Madre Mía recomendará a la Fiscalía investigar al expresidente Ollanta Humala por haber cometido violaciones de los derechos humanos, cuando estaba a cargo de la base contrasubversiva en San Martín, así como solicitará acusar constitucionalmente al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

“Pronto vamos a entregar el informe del caso Madre Mía, para que la Fiscalía, por los nuevos indicios que hemos encontrado, abra una nueva investigación, ya que ahora sabemos que el ‘capitán Carlos’ definitivamente fue Ollanta Humala”, dijo Milagros Salazar, integrante del grupo indagador.

EN SEPTIEMBRE
Desde que el grupo congresal inició sus investigaciones sobre los hechos producidos en la Base Contrasubversiva Madre Mía, una serie de exsoldados que estuvieron bajo las órdenes de Humala en la época de la lucha antiterrorista, así como varios colaboradores eficaces, reconocieron al exmandatario como el “capitán Carlos”, responsable de ordenar las ejecuciones extrajudiciales de varias personas a quienes se acusaba de pertenecer a Sendero Luminoso (SL).

“La quincena de septiembre estamos entregando el informe. El último invitado era Ollanta Humala, pero no vino porque, según dijo, tenía actividades partidarias, aunque no tiene partido; sin embargo no asistió y lo hemos reprogramado para este lunes”, añadió Salazar.

En efecto, está agendado para las 8:30 de la mañana en sesión reservada en la sala Gustavo Mohme del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso.

VARIOS FISCALES
La parlamentaria fujimorista también se refirió al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por haber permitido que “una persona violadora de los derechos humanos” llegara a la Presidencia de la República.

“Con la anuencia del fiscal Pablo Sánchez, que no hizo nada más que bloquear la investigación del caso Lava Jato, Ollanta Humala logró ser presidente y también con la anuencia de algunos medios de comunicación”, indicó la congresista.

Salazar se refiere a la decisión que tuvo Sánchez Velarde quien, como fiscal supremo, convalidó el archivamiento que hizo Víctor Cubas Villanueva sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Con el informe de calificación que vamos a hacer en la Comisión Madre Mía, allí están las evidencias donde hubo compra de testigos y el [ex]fiscal [Pablo Sánchez] no tuvo la intención de hacer esta investigación y más bien la archivó”, dijo tras señalar que el informe final recomendará una acusación constitucional contra Sánchez.

Pero Milagros Salazar también mencionó al recientemente repuesto fiscal Marco Guzmán Baca, que sería responsable por haber ocultado información que hubiera podido abrir una nueva línea de investigación en el caso de las ejecuciones extrajudiciales.

“Vamos a demostrar que [Marco] Guzmán Baca y Pablo Sánchez, a quien todo el Ideele defiende diciendo que ha sido un buen fiscal, definitivamente ha sido el peor, por blindar a Ollanta Humala y por estar a punto de permitir la salida del país del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski”, sostuvo Salazar.

En mayo de 2017, el Ministerio Público abrió una investigación a Guzmán Baca por no haber informado oportunamente de la existencia de los audios de conversaciones sobre la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía, mientras él investigaba al terrorista Florindo Flores, camarada “Artemio”.

De acuerdo a fuentes a las que EXPRESO tuvo acceso, los integrantes de la Comisión Madre Mía no habrían creído la versión que dio Guzmán Baca durante la sesión reservada efectuada en noviembre de 2017.

En ese momento, el fiscal reiteró que no escuchó los audios que implicaban a Humala Tasso en el caso Madre Mía, pero sí leyó las transcripciones que le alcanzó la Policía. Según dijo, su trabajo estuvo enfocado en “lograr la captación de información referida al ‘camarada Artemio’”.

SAN MARTÍN TAMBIÉN
Las mismas fuentes señalaron que el informe final también recomendará acusar al magistrado César San Martín por haber protegido a Humala.

Y es que en diciembre de 2009, San Martín resolvió no haber lugar para iniciar un juicio oral al citado expresidente nacionalista por los asesinatos y desapariciones forzadas en 1992 en la Base Contrasubversiva Madre Mía (Huánuco).

La decisión de San Martín habría sido de índole política, pues en ese momento Ollanta Humala, quien se había postulado a la Presidencia de la República, se vislumbraba como posible ganador de las siguientes elecciones generales, añadieron.
Finalmente se supo que otros magistrados, entre jueces y fiscales, serían implicados por presuntamente beneficiar al llamado “capitán Carlos”.

17 de junio de 1992
En esta fecha Jorge Ávila afirma que fue secuestrado y torturado por Ollanta Humala, logrando escapar, mientras que su hermana Natividad Ávila y su cuñado Benigno Sulca fueron desaparecidos en la base militar cinco días después, tras ser confundidos como integrantes de Sendero Luminoso.

111 interceptaciones
Entre abril y junio de 2011 –por orden judicial– se interceptaron los teléfonos del entonces candidato presidencial Ollanta Humala y su entorno, debido a que las autoridades encontraron vínculos entre la excongresista nacionalista Nancy Obregón y sujetos ligados al terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala (‘Artemio’) que el fiscal Marco Guzmán Baca dice no escuchó.

Reincorporado por el controvertido CNM
La Fiscalía de la Nación dispuso la reincorporación de Marco Guzmán Baca en la Trigésima Fiscalía Provincial Penal de Lima, de acuerdo a una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La resolución 2860-2018-MP-FN precisó en abril pasado que el Ministerio Público decidió no ratificar a Guzmán Baca en su cargo. Sin embargo, este presentó un recurso extraordinario al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que fue declarado fundado en parte.

Por ello, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, tuvo que “reincorporar al abogado Marco Guzmán Baca, Fiscal Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima”, según indica el documento del Ministerio Público.

Compraron silencio de testigo clave
En los años 90, el Gobierno creó varias bases militares para contrarrestar el avance senderista; una de ellas fue la de Madre Mía, ubicada en la selva de San Martín, muy cerca del límite con la región Huánuco.

En 1992, Ollanta Humala, bajo el seudónimo de “capitán Carlos”, comandó dicha base contraterrorista situada en una de las zonas más violentas del país, pues las columnas senderistas controlaban bolsones amplios del territorio del lugar desde la década de los 80.

De acuerdo a testimonios de exsoldados, se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, así como desapariciones forzadas de supuestos terroristas, presuntamente ordenadas por Ollanta Humala.

Una de las declaraciones más importantes fue la de Jorge Ávila Rivera, testigo clave de los presuntos crímenes ocurridos en la base militar en mención, quien recientemente ha reconocido que cambió su testimonio –que responsabilizaba a Humala de haber ordenado la muerte de sus familiares– a cambio de una suma de dinero.

Jorge Ávila es testigo del asesinato de su hermana Natividad y de su cuñado Benigno Sullca Castro, a manos de una patrulla militar en 1992.

De acuerdo a las propias declaraciones de Ávila, en la primera campaña electoral del Partido Nacionalista recibió un soborno US$ 4,500, en partes, a través del suboficial EP Amílcar Gómez Amasifuén, colaborador de Humala, y de su cuñado Robinson Reátegui, a cambio de su silencio.

MARÍA TERESA GARCÍA

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Texto e imágenes de: La Noticia Renovada
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