Pedro Chávarry es ratificado como fiscal de la Nación mientras que fiscal Juan Carrasco mediante audios despeja las dudas sobre “ayuda” a Oviedo

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Oficial. Pedro Chávarry continuará en su cargo de titular del Ministerio Público, luego de que la propia Junta de Fiscales Supremos dejara sin efecto el pedido realizado por dos fiscales supremos, con el objetivo de que renuncie.

La petición de que Pedro Chávarry abandone su responsabilidad como fiscal de la Nación fue por obra y gracia del extitular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, quien no logró tener el respaldo de sus colegas.

La reunión se llevó a cabo en horas de la mañana y estuvo presidida por el propio Pedro Chávarry, quien participó en la Junta de Fiscales Supremos, con sus pares Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez.

Asimismo, Pedro Chávarry reiteró su posición que no iba a renunciar a su cargo como fiscal de la Nación, ya que “no cometió ningún delito”.

“Lo que busca esta gente con sus ataques es que yo me aparte. Pero yo no tengo motivo por qué. No he cometido ningún delito. A mí me vinculan con estos audios porque César Hinostroza, a quien conozco mucho tiempo, me dijo que tenía que salir a los medios porque no es posible que estén atacando y yo esté tranquilo. Y en una oportunidad me indica que tenía medios (de comunicación) amigos que podían apoyar”, comentó Pedro Chávarry. (Expreso).

Fiscal Carrasco: audios despejan las dudas sobre “ayuda” a Oviedo

El último domingo, un nuevo audio volvió a remecer el país y, con especial énfasis, la región Lambayeque. Se trataba de una conversación telefónica en la que el nombre de Edwin Oviedo Picchotito, líder de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), volvía a tener un papel protagónico, aunque con una gran diferencia: por primera vez, era él quien aparecía hablando con el suspendido magistrado César Hinostroza Pariachi, una de las “estrellas” del escándalo denominado “Lava Juez” o ”CNMaudios”.

Asimismo, la difusión de dicho material puso bajo los reflectores del país el caso “Los Wachiturros” de Tumán, sobre una presunta organización criminal que habría operado en la empresa azucarera y donde Edwin Oviedo fue comprendido, al menos hasta conseguir una medida cautelar en Lima que lo excluyó de la investigación.

Todo esto lo conoce bien el fiscal Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Lambayeque, responsable de las indagaciones y quien compartió con Correo su punto de vista tras la ola de revelaciones hechas en los últimos días.

¿Qué impresión, de buenas a primeras, le deja la difusión de este nuevo audio?
Como Fiscalía estamos totalmente indignados por lo que está sucediendo. En realidad sí había sospechas sobre algún tipo de ayuda en la ciudad de Lima, más aún por la falta de competencia del Juzgado Constitucional de esa ciudad (a cargo de la jueza Amanda Magallanes Carbajal) para emitir una medida cautelar que desnaturaliza todo el proceso penal. Es la primera vez que escucho o tengo conocimiento de que un juez puede suspender una investigación contra un imputado, la cual ya estaba a punto de concluir.

Usted ha hecho énfasis en que, incluso, el señor Oviedo era considerado el cabecilla de la presunta organización criminal.

Ese punto no fue analizado por la jueza, en realidad ella no tenía conocimiento de nada de lo que se venía investigando en Chiclayo y, pese a esto, resuelve una medida cautelar a su favor (favorable para Oviedo). De acuerdo al conocimiento que tenemos, la cautelar se presenta en el lugar donde ocurre la supuesta afectación del derecho fundamental, y no fuera de ese distrito. Eso era lo que siempre pregonaba el abogado del señor Edwin Oviedo, quien señalaba que no se deberían dar las medidas cautelares fuera del distrito judicial donde está la empresa Tumán, pero él hace lo contrario.

¿Considera que existe un doble discurso?
Es más, el expresidente del Poder Judicial, el señor Duberlí Rodríguez Tineo, había dicho, en una ocasión, que presentó un proyecto de ley para que se modificara la parte donde se establece que se puede presentar la demanda incluso en el lugar de residencia del demandante. Sin embargo, no opinó nada cuando se emitió la cautelar (de la jueza Magallanes), cuando este era un proceso que se estaba llevando en la ciudad de Chiclayo.

A raíz de los audios, se habla de un supuesto intercambio de favores entre Oviedo e Hinostroza, quien habría recibido pases para el Mundial Rusia 2018, ¿se puede hablar de un delito en específico a estas alturas?
Nosotros estamos investigando el tema, netamente, de la asociación ilícita. Si bien es cierto esta asociación está ahora en Lima, también existió la asociación que nosotros acreditamos, en su momento, en Chiclayo. El “líder” (Oviedo) se trasladó a la ciudad de Lima ya hace unos años, entonces, definitivamente esto ha permitido acreditar que él ha seguido operando y ha formado parte de otra asociación, a la que se ha denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

¿Oviedo también sería uno de los implicados en esta última organización?
Definitivamente, de acuerdo a los audios y a toda la información que aparece, el señor estaría implicado dentro del delito de asociación ilícita, para empezar, y luego en los delitos que sean conexos o que se descubran.

En tal caso, ¿Edwin Oviedo estaría implicado en dos casos de asociación ilícita?
Sí, dos asociaciones, tanto en “Los Wachiturros” de Tumán como en “Los Cuellos Blancos del Puerto”, esto de acuerdo a los audios y las permanentes comunicaciones entre el señor Antonio Camayo (detenido gerente de Iza Motors, quien aparece como presunto intermediario), el señor Oviedo y el señor Hinostroza.

¿Oviedo podría correr la misma suerte que Antonio Camayo?
Sí, definitivamente.

Además de una presunta asociación ilícita, ¿se puede hablar de algún otro presunto ilícito hasta el momento?
Eso tendrían que investigarlo los fiscales respectivos, yo no puedo adelantar una opinión porque no es un tema que me compete a mí investigar. Hay que ver cuál es el resultado de las investigaciones.
En determinado momento, se habló de un brazo legal y hasta político en el caso “Los Wachiturros”.
Para nosotros, en cuanto al brazo político y legal también se ha formalizado la investigación, en este caso, contra los tres congresistas (Javier Velásquez, Héctor Becerril y Marisol Espinoza).

Y en cuanto a la jueza Amanda Magallanes, ¿en qué situación se encuentra la queja que usted presentó frente a la medida cautelar que excluye a Oviedo de la investigación por el caso “Wachiturros”?
Es una queja y denuncia, en este último caso, por presunto delito de prevaricato y avocamiento indebido. Ella no es la juez competente para conocer ese caso, el juez competente es uno de investigación preparatoria.

También han cuestionado el hecho de que se trate de una jueza supernumeraria y no titular.

Eso hay que tenerlo en cuenta, porque es una jueza que nunca fue nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sino mediante una designación, pero entonces, las designaciones, conforme hemos escuchado en diferentes audios, y todos hemos sido testigos, se manejaban de una manera totalmente irregular y en algunos casos hasta delictiva. Imagínese en el caso de la Corte Superior de Justicia del Callao, donde se ha establecido que el entonces presidente (el ahora recluido Walter Ríos) les cobraba un “diezmo” prácticamente a los jueces supernumerarios, y no solamente eso, sino que debían responder a lo que él decía, a sus intereses.

Hasta el momento, ¿hay una respuesta a la apelación que fue presentada ante la medida cautelar de la jueza Magallanes?
Ni a la apelación ni a la contestación de demanda, pese a que ha transcurrido más de un mes y medio.
Con todo lo mencionado, ¿considera que ha quedado demostrado que el Poder Judicial estaba contaminado y que esto ha afectado la investigación contra Edwin Oviedo?

A nuestro entender, ahorita, con todo el tema de los audios, no nos queda duda, por eso la declaratoria del estado de emergencia en el Poder Judicial, la renuncia de su presidente, también el desafuero de todos los miembros del CNM…si no hubiera nada, si la teoría fuera que todo lo que se ha cometido solo son pecados o faltas, entonces definitivamente todos permanecerían en sus puestos.

Y ante esto, ¿qué medidas cree que se debe tomar?
Si no se toman las medidas que se han señalado en el Mensaje a la Nación por parte del presidente, esto va a colapsar. Para mí, lo primero es la revisión de los concursos públicos en el caso del CNM; la otra medida prioritaria es la conformación de un equipo especial de la Fiscalía para investigar todos los casos de corrupción.

¿Piensa que el Gobierno tendrá la capacidad para aplicar estas medidas?
Tenemos la esperanza de que sí, estamos viendo ya la efectividad con la captura de algunas de estas personas, que no podían permanecer libres con todas las evidencias. También está el tema de la denuncia constitucional, donde supongo se va a proceder al levantamiento de la inmunidad que tienen los magistrados para la respectiva investigación. Ante esto, una alternativa podría ser que se declare el cese por límite de edad a los 65 años, tanto para jueces como fiscales. Con eso, al menos el 60% del problema se iría. Se irían a sus casas y podrían ser investigados tras levantarse la inmunidad.

Por: Luis Camasca

 

 

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