Informe Lava Jato recomienda investigar a PPK y Humala por Olmos

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Tal y como lo adelantó La República en su edición del 31 octubre 2018 (ver informe aquí), el informe de la Comisión Lava Jato halló responsabilidades en los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala en el caso del proyecto Olmos.

Este informe final del grupo investigador, presidido por la fujimorista Rosa Bartra, recomienda al Ministerio Público investigar a los ex mandatarios, tras haber detectado participación de funcionarios a favor de la concesionaria Trasvase Olmos, constituida también por la constructora Odebrecht.
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Pedro Pablo Kuczynski
Precisamente la congresista Bartra, durante su exposición en el Pleno del Congreso, explicó que -según lo elaborado por la comisión Lava Jato- se halló que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras desempeñó el cargo de ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo, habría incurrido en el presunto delito de lavado de activos.

Esta irregularidad, según la investigación, se habría detectado tras conocerse que la empresa unipersonal de Kuczynski (Westfield Capital) asesoró, junto al Banco de Crédito del Perú (BCP), al concesionario Trasvase Olmos (integrado por Odebrecht), por el monto de 1 millón 62 mil dólares para cada uno, respectivamente.

Ollanta Humala
Asimismo, el informe final de la Comisión Lava Jato recomienda denunciar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala por el delito de “negociación incompatible” por su “participación en la transferencia de dinero a favor de la empresa H2Olmos, empresa creada en el 2009 por el conglomerado de Odebrecht.

En ese sentido, esta denuncia constitucional será remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, y remitir el informe a la Contraloría para evaluar los procedimientos realizados en este caso. (La República).
Comisión Lava Jato: las recomendaciones de informe final

En la primera parte de la sustentación del informe final de la Comisión Lava Jato, la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) —quien presidió el grupo investigador— dio cuenta de las once recomendaciones establecidas.

Dichas recomendaciones fueron formuladas ante el pleno del Congreso la mañana de este lunes. “Colegas congresistas, estas recomendaciones son las que finalmente nosotros debemos aprobar”, advirtió Bartra.

Se trata de aspectos dirigidos al Poder Ejecutivo, al Congreso, la Contraloría General de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras entidades.
1. Al Poder Ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, evitar la suscripción de nuevos contratos con cualesquiera personas jurídicas exentas de cualquier tipo de control o fiscalización. De manera especial, se recomienda evitar contratar personas jurídicas de derecho internacional protegidas por inmunidades o privilegios que las eximan de cualquier tipo de control o fiscalización.

2. Al Poder Ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, evitar contratar a cualesquiera personas jurídicas, de carácter nacional o internacional, cuyo objetivo de constitución no se encuentre relacionado con el servicio requerido por el Estado.

3. Al Congreso de la República, revisar de forma integral la normativa existente relacionada a los contratos de supervisión en el marco de las contrataciones públicas y emitir un adecuado marco normativo que permita regularlos de manera adecuado de manera adecuada, con un especial énfasis en las disposiciones destinadas a evitar actos de corrupción.

4. Al Congreso de la República, iniciar nuevas investigaciones sobre los diversos proveedores que hubieran brindado servicios a las empresas brasileñas, a sus consorciadas y a personas jurídicas vinculadas a estas, tales como actividades jurídicas, actividades relacionadas a la difusión de información, consultoría de gestión, asesoría empresarial, entre otras, entre los años 2001 a 2017. Cabe precisar que no se ha podido determinar la licitud o ilicitud de la participación de cada una de ellas debido a su cuantioso número y a que el análisis de su participación excede los límites temporales de la presente investigación.

Es importante señalar que la comisión cuenta con un abundante acervo documentario sobre las personas que prestaron servicios jurídicos a las empresas brasileñas y sus consorciadas, de manera que tal que este pueda ser usado como insumo para investigaciones venideras.

5. A la Contraloría General de la República, iniciar una investigación interna, en atención a lo expuesto en el presente informe, a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad fiscalizadora superior no realizó los servicios de control que, por la magnitud de los proyectos de materia de investigación, correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos del Sistema Nacional de Control que, durante el período que comprendieron tales proyectos, debieron realizar dichas acciones.

6. A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), iniciar una investigación interna en atención a lo expuesto en el presente informe, a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó los servicios de control que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondería ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos de la Sunat que, durante el período que comprendieron tales proyectos, debieron realizar dichas acciones.

7. Al Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) iniciar una investigación interna en atención a lo expuesto en el presente informe a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó los servicios de control a las empresas supervisoras que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos que, durante el período que comprendieron tales proyectos, debieron realizar dichas acciones.

8. A la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), iniciar investigación en atención a lo expuesto en el presente informa a fin de determinar los motivos por los cuales el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) no realizaron las actividades de regulación que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos que, durante el período que comprenden tales proyectos, debieron realizar dichas acciones.

9. A la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) iniciar una investigación interna en atención a lo expuesto en el presente informe, a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó todas las actividades inherentes a su cargo que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondería ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos que, durante el período que comprendieron tales proyectos, debieron realizar dichas acciones.

10. A la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, iniciar una investigación interna, en atención a lo expuesto en el presente informe, a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó todas las actividades de control que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos que, durante el período que comprendieron tales proyectos, debieron realizar dichas acciones.

11. A la Contraloría General de la República, adecuar el marco normativo de las asociaciones público privadas y acondicionarlo a los lineamientos generales del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. (El Comercio)

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