Humala, PPK y Toledo al paredón

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La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó y suscribió su informe final, después de un año y medio desde que inició sus investigaciones sobre los presuntos sobornos de empresas constructoras brasileñas a funcionarios públicos.

Entre las conclusiones de este grupo de trabajo es presentar denuncias constitucionales contra los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, y Ollanta Humala.

La aprobación del documento final fue en sesión reservada y estuvieron presentes los parlamentarios Rosa Bartra (Fuerza Popular) Mauricio Mulder (Apra), Humberto Morales (Frente Amplio), Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) y Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio).

Según adelantó la congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión investigadora, una de las conclusiones del informe es que existió un sobrecosto en las obras que superan los US$3 mil millones.

“Lo que podemos decir es que los sobrecostos por parte de las empresas que han ejecutado las obras, ya sea por adendas, por incrementos, por nuevos contratos, por cancelaciones, superan largamente los 3 mil millones de dólares”, dijo Bartra.

Respecto a los nombres de los investigados, y al ser consultada sobre la no inclusión del ex presidente Alan García y Keiko Fujimori, aseguró que no podía dar detalles de las personas que en el informe se recomienda la denuncia y la acusación.

Concluida la sesión, Bartra presentó el informe final a la Oficialía Mayor del Parlamento para que siga el trámite y “prontamente” sea debatido en el Pleno.

DENUNCIAS
En el informe sobre las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del Gasoducto del Sur, la comisión Lava Jato habría planteado denunciar constitucionalmente al ex presidente Ollanta Humala.
Según la investigación, Humala habría favorecido desde su cargo de Jefe de Estado a la empresa Odebrecht, y creó el escenario para hacerle más favorable la realización de esta obra. En esta indagación, el entonces mandatario dio leyes, normas y hasta decretos de urgencia para el beneficio de la empresa brasileña.

Fuentes congresales revelaron a LA RAZON que el informe establece que el ex presidente incurrió en el delito de colusión. Además, revela que Humala se habría reunido con Marcelo Odebrecht y otros empresarios donde había garantizado la adjudicación del Gasoducto del Sur.

En las conclusiones de este informe también se plantea presentar denuncias constitucionales contra Luis Miguel Castilla, exministro de Economía; Carlos Paredes, exministro de Transportes, y René Cornejo, exministro de Vivienda, entre otros.

También se revela que Nadine Heredia habría cometido el delito de lavado de activos. Se afirma además que en el mes de diciembre del 2009 y durante los primeros seis meses del 2011, la empresa Odebrecht realizó pagos durante la campaña presidencial de Humala.

Para llegar a esta conclusión se basó en la declaración de Jorge Barata y en las agendas de la ex primera dama de la Nación. En ese sentido, se afirma que este dinero nunca fue registrado en ninguna fuente bancaria.

Cabe precisar que Jorge Barata ratificó que, entre junio o julio del 2010, Marcelo Odebrecht lo llamó y le dijo que a pedido del Partido de los Trabajadores, la constructora debía entregar US$ 3 millones a la campaña de Ollanta Humala en el Perú, y que el dinero saldría del Departamento de Operaciones Estructuradas, de donde salían los pagos indebidos).

Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia, también figura en el informe y se le acusa de haber cometido el presunto delito de lavado de activos. Según se sostiene, sus ingresos por servicios de movilidad no justifican las propiedades adquiridas y otros inmuebles.

También se encontró responsabilidad penal en los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por la Carretera Interoceánica.

Asimismo, se encontró responsabilidad penal en exministros y asesores de la gestión de Alejandro Toledo (2001-2006) por la concesión de la obra a Odebrecht.

En el caso de PPK, indicó que se le incluyó porque era ministro de Alejandro Toledo y es uno de los firmantes del contrato con Odebrecht, pese a que la Contraloría General de la República había advertido de una serie de impedimentos.

Respecto al segundo gobierno de Alan García (2006-2011), la investigación incluyó a algunos de sus ministros y funcionarios de ProInversión, los cuales recomendaron modificar o aprobar adendas que implicaron mayores gastos al Estado.

Así la Interoceánica empezó costando US$ 800 millones y acabó costando cerca de US$ 3,000 millones. (La Razón).

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Texto e imágenes de: La Noticia Renovada
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