Esposo de Úrsula Letona avaló informe que favoreció a Odebrecht

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El esposo de la congresista fujimorista Úrsula Letona, el abogado José Guzmán Zegarra, tuvo un rol fundamental en la adjudicación del proyecto gasoducto sur al consorcio Gasoducto Sur Peruano(GSP), liderado por Odebrecht, en el 2014.

Esta concesión está en la mira de la fiscalía, que detectó que para su adjudicación presuntamente se cometieron los delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

Mientras fue asesor legal de Proinversión, Guzmán avaló con su firma un informe que sacó del camino al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (CGPS), rival del consorcio liderado por Odebrechten la competencia por obtener la buena pro para diseñar, construir y operar un sistema de ductos en el sur del país.

El camino
El papel de Guzmán en este caso se inició cuando CGPS cambió los porcentajes de las acciones de las empresas que lo integraban. En ese momento, el proceso de concesión del proyecto gasoducto sur estaba en marcha.

Proinversión le pidió a CGPS detallar el cambio y solicitó a los estudios de abogados Delmar Ugarte y Echecopar una opinión legal sobre esta incidencia. Se buscaba determinar si CGPS violaba las bases del concurso con su cambio.

El entonces presidente del Comité de Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, le envió una carta al representante de CGPS, Ricardo Moreno Dávila, el 27 de junio del 2014 para informarle que tenía solo hasta el 30 de junio para cumplir con las bases por los cambios en el accionariado; de lo contrario, quedaría descalificado.

Sin embargo, ese día el mismo comité realizó una sesión en la que se notificó que la opinión legal del estudio Delmar Ugarte “obligaba a adoptar una decisión inmediata al haberse configurado el supuesto de descalificación” contra el CGPS.

Aquí entró a tallar el esposo de la congresista fujimorista, quien firmó el 28 de junio de ese año, como asesor legal y miembro alterno del comité de Proinversión en proyectos de Seguridad Energética, un informe que detalla que el citado estudio de abogados concluye que procedía la descalificación del consorcio.

Consultado por este punto, Guzmán aseguró ante el Congreso, en febrero del 2016, que solo presentó a Proinversión el informe del estudio Delmar sin hacer ninguna recomendación ni un juicio de valor, según quedó registrado en la transcripción de la sesión reservada de la comisión Pari en la que participó.

Por este caso, la fiscalía acusa a Edgar Ramírez y a la ex representante de Odebrecht Claudia Hokama de haberse coludido para favorecer al consorcio liderado por Odebrecht a través de la descalificación de su único rival, reveló IDL Reporteros en el 2017.

Por su parte, el informe que preparó el ex congresista Juan Pari cuando investigó la adjudicación de este proyecto a Odebrechttambién alertó de que “Proinversión asumió dos posturas contrarias” que terminaron beneficiando a la empresa brasileña.

“Hay una responsabilidad (de Guzmán) en su recomendación y en su decisión. Sí debe defender cuáles fueron sus motivaciones o argumentos”, dijo Pari a este diario.

A ello se suma que en enero del 2016, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda que interpuso CGPS contra Proinversión, y concluyó que su descalificación fue irregular.

El abogado Guzmán ha acudido a la fiscalía como parte de estas investigaciones, y lo hará también a la comisión Lava Jato del Congreso. “Esperemos que diga toda la verdad”, dijo García Belaunde.

Citado a la comisión Lava Jato
El abogado José Guzmán fue citado a la comisión Lava Jato del Congreso para el próximo martes.
Guzmán mostró su disposición de acudir al Parlamento a través de una carta que le envió a la presidenta de ese grupo investigador, la fujimorista Rosa Bartra.

El legislador Víctor Andrés García Belaunde, de la bancada de Acción Popular e integrante de dicha comisión, dijo esperar que Guzmán sea transparente y cuente todo lo que sabe.

“Proinversión ha sido ‘protrafa’. Todos los que han trabajado ahí directa o indirectamente, y han participado en contratos amarrados, llaman a sospecha, por eso queremos entrevistarlo”, dijo en diálogo con este diario.
Por su parte, la fiscalía espera la audiencia del control de acusación del caso gasoducto, que se realizará el 19 de marzo.

Por: Michael Ramón

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