Editorial: El miedo a lo desconocido.

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Hoy se define la vacancia del Presidente Kuczynski, y suceda lo que suceda, alterará de manera decisiva el equilibrio de fuerzas políticas existentes del país. Esto va a ocurrir sí o sí; sea cual sea el resultado de la votación de hoy en el Congreso, ya que no se va a poder regresar al statu quo previo que PPK se esforzó tanto por preservar. Diversos analistas suponían que la traición de Humala el 2012 y el fin de la izquierda antisistémica abrirían un nuevo ciclo en donde la hegemonía absoluta de la derecha nos haría transitar a un ‘modelo chileno’ de alternancia pacífica en donde ‘liberales’ y ‘conservadores’ marcarían la pauta de un sistema económico neoliberal que, con matices, sería invencible e intocable. La apuesta de Steven Levitsky por llevar a Keiko Fujimori a Harvard para ‘modernizarla’ (léase, caviarizarla) fue el mayor intento de reorientar ideológicamente al proyecto de derecha en el Perú, forzándolo a abdicar de su pasado autoritario. Si íbamos a aceptar el hecho de que la supuesta ‘coalición Paniagüista’ nunca existió y que tendríamos que resignarnos a convivir con el ‘consenso de Lima’ como si fuera una ley de las ciencias naturales (nos referimos a esta mezcla de fobia al Estado, hegemonía corporativa absoluta y represión militarizada de los conflictos en provincias), al menos deberíamos aspirar a una ‘derecha moderna’ que genere bases institucionales sólidas que frenen la corrupción y garanticen el crecimiento. Respetamos las buenas intenciones del politólogo norteamericano, pero rechazamos su ingenuidad, torpeza y falta de sinceridad.

Como diría César Hildebrandt, la política siempre regresa; y la (aparentemente invencible) hegemonía política de la derecha se rompió inmediatamente a causa de la pura piconería de la candidata vencida en la pasada elección (esto es irónico, considerando que la principal razón por la que PPK es Presidente hoy es debido a su piconería con Toledo por no dejarle ir en su plancha del 2011). Es a causa de ese choque de piconerías que hoy tenemos denuncias masivas de corrupción por doquier, escándalos que vinculan a grandes corporaciones y lavadores de dinero, a lo que se suma una población profundamente indignada pidiendo en las calles que se vayan todos, no sólo bajo discursos anti-régimen político (que son la normalidad aquí), sino también anti-modelo económico (algo que ya se pensaba superado).

En lugar de Chile en 2017, estamos como Venezuela en 1998.

Ante todo esto, surge la vieja pregunta de Lenin: “¿qué hacer?”, por lo que nos corresponde mencionar la raíz del problema y nuestra principal limitación. Es decir, el hiato que separa los principios éticos los objetivos deseados y aquellos que posibles. Todos queremos justicia, que los corruptos vayan a la cárcel, y elecciones normales en donde podamos elegir a conciencia donde tengamos que ser obligados a votar por el menor de los males. El problema es que entre lo deseado y lo posible hay una gran brecha, y aquí hallamos al menos tres posiciones: La institucional-caviar, la anarco-chibola y la nacional-popular.

Para los defensores caviares de la ‘institucionalidad’ (entendida esta como el proceso por el cual tenemos que elegir a un nuevo hijo de puta cada cinco años) hay que mantener a Kuczynski en el cargo y darle oxígeno hasta que una nueva elección el 2021 ponga en el gobierno a cualquiera que no sea Keiko.  

La postura anarca es la del radicalismo ético del ‘que se vayan todos’. Todos son igual de corruptos, todos recibieron plata de Odebrecht y robar un sol es igual a robar cien millones. El pueblo unido debe movilizarse contra los corruptos hasta sacarlos del poder, y luego conformar un ‘gobierno de transición’ que refunde de alguna forma la República.

La tercera, que es la que nosotros proponemos, es la nacional-popular. Basada en la más pura realpolitik, consideramos que a pesar que toda corrupción debe castigarse por igual no toda corrupción es igual, por lo que debe priorizarse el castigo a la mayor corrupción por sobre la menor. Nadie podrá negar el daño sistemático que Alan García le ha venido generando al Perú desde 1985 hasta el día de hoy; ni el dinero que en camiones se ha llevado Luis Castañeda de la Municipalidad de Lima con obras infladas y presupuestos truchos. Sin embargo, que sean Ollanta Humala y Susana Villarán quienes estén en manos de la justicia, y no Alan y Castañeda, es francamente absurdo, y sólo confirma el viejo dicho que dice “Si vas a robar, roba bien y no a medias. Roba lo suficiente para comprar tu impunidad”. Aquellos quienes piensan que hay justicia en el Perú sólo porque Humala fue a la cárcel es que, o son imbéciles, o terriblemente cínicos. Esta perspectiva nos obliga a operar estratégicamente, siempre bajo metas claras: Promover la vacancia, a la vez que evitamos que el fujimorismo tome el control del aparato del Estado, mientras nos enfocamos en pedir nuevas elecciones de inmediato con la esperanza de generar una nueva correlación de fuerzas favorables a un proyecto de izquierda populista (no-caviar) en el Perú. Esto último no tiene que ver con la realpolitik, por supuesto, sino con nuestro particular enfoque ideológico sobre el tipo de régimen que necesita nuestro país.

A pesar de sus aspectos positivos, estas tres posiciones tienen debilidades fuertes imposibles de soslayar. La primera, es que nuestras opciones son muy limitadas. Las marchas de los últimos días no han influenciado en lo más mínimo los cálculos que hoy maneja la bancada fujimorista con respecto a la vacancia. Lo único que les preocupa es la sostenibilidad de la futura transición y que la fiscalía no mande a su lideresa a la cárcel en el corto plazo. Nada más. La calle no les importa, y no la consideran un actor relevante hoy. Tampoco le temen a un escenario de protestas masivas que obliguen al Congreso a convocar nuevas elecciones o algo similar. La razón de fondo, ya la mencionamos: El sector judicial en el Perú está absolutamente corrupto. En conjunto, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados de Lima son una hidra de tres cabezas que hacen ver a Palacio de Gobierno o el Congreso como ligas menores frente la putrefacción bajo la cual operan jueces y fiscales (El principal responsable de esto es, por supuesto, el APRA, cáncer histórico del Perú que no deja de hacer metástasis). El principal problema del discurso de ‘que se vayan todos’ es que en el fondo cree en la capacidad del Poder Judicial de impartir justicia de manera independiente, y no como lo que es hoy; un espacio de correlación de fuerzas que permite que Ollanta Humala vaya a la cárcel y Alan García no. Lo que puedan decir los apristas sobre la santidad de su líder sólo puede justificarse mediante la retórica de leguleyos lúmpenes de Universidad pública con la que han ocultado sus fechorías de toda la vida.

 

El otro problema es que, debido a la excesiva debilidad de este gobierno, hoy no existe una posible salida constitucional a la crisis. Durante el fin del gobierno de Fujimori había una dirección clara dentro del sector indignado del país: El enemigo era Alberto Fujimori y su gobierno, y frente a él todos los sectores políticos del país, medianamente limpios o no, medianamente corruptos o no, se unieron. A pesar de sus matices y diferencias internas, al final de su gobierno, Fujimori tuvo de enemigos a Alan García, Lourdes Flores, Alberto Andrade, Luis Castañeda, Alejandro Toledo y Popy Olivera, entre otros. Todos juntos trabajando para hacerlo caer. A fines del año 2000 había, al igual que hoy, una profunda indignación para con la corrupción del régimen; pero a diferencia de hoy, se sabía que existía algo ‘afuera’ del régimen que podía contrapesarlo. Hoy los ‘enemigos del régimen’ también son parte de él, y por eso tenemos miles de personas marchando en la calle contra un partido político que NO está en el gobierno. Esto es insólito en la política peruana, y personalmente, no recuerdo antecedentes similares en ningún lugar del mundo.

Ya sabemos que en política es inevitable tener que negociar entre diversas posiciones, siempre buscando un punto intermedio que nos coloque en situación de avanzar, a la vez que se evitan mayores retrocesos basados en posiciones infantiles (sean anárquicas o excesivamente institucionalistas). Sin embargo, esta vez no encontramos ninguna posición que realmente valga la pena defenderse. Bajo cualquiera de los escenarios posibles, ya sea que Kuczynski renuncie, sea vacado o se quede, el fujimorismo seguirá fortaleciéndose. Como dijimos en un post anterior, si Kuczynski no es vacado, significa que llegó a algún tipo de acuerdo con el lado oscuro, es decir, más chamba para fujimoristas, más Ministros censurados, más fuentes de financiamiento, más control político, y en última instancia, una victoria asegurada de Keiko el 2021. De otro lado, si es vacado, la futura posición de Vizcarra y Aráoz es incierta decidan aceptar o no el cargo, estando de facto el Ejecutivo en manos de Galarreta.

 

Hoy el fujimorismo está en la mejor situación posible, asumiendo todos los activos de ser la principal fuerza parlamentaria y ninguno de los pasivos de ser partido de gobierno, a pesar de su usurpación progresiva de funciones. ¿Puede la protesta organizada en las calles oponerse al Congreso? ¿No se supone que constitucionalmente es el Congreso el representante supremo del pueblo? ¿No se supone que el derecho a la insurgencia aplica sólo contra gobernantes ilegítimos, pero no contra el Congreso que representa al pueblo? Y aún suponiendo que la protesta se tumbara a este Congreso y se convocaran nuevas elecciones, ¿qué nos garantiza, como dice Juan Sheput, que bajo nuevas elecciones los congresistas fujimoristas no llegarían ni a 13? ¿Ha visto cuánta aceptación electoral tiene Keiko hoy frente a otros candidatos? ¿Y si simplemente dejamos que Keiko gane, forzando a unir a todos contra ella? ¿Qué indicios históricos existen de que la agudización deliberada de contradicciones favorece a la izquierda?

Sea cual sea el resultado, la calma chicha se acabó y el conflicto que se trató por todos los medios de evitar nos explota en la cara a partir de hoy. Esto no es Brasil con un Temer normalizado como reacción a más de una década del PT en el gobierno. Este es el gobierno más débil de los últimos 100 años implosionando frente a la mirada atónita de la CONFIEP y los poderes fácticos que lo consideraban como aquél que se suponía saber cómo resolver los problemas de manera ‘técnica’. Ya nos queda bastante claro que no, y esa delusión colectiva nos está pasando una factura bastante cara. Por primera vez hablamos del futuro del Perú con un profundo miedo a lo desconocido, debido a lo inevitable que es el conflicto que se avecina, porque eso es lo que habrá. Sí o sí. Depende de nosotros que se resuelva de la forma más pacífica posible y que la sangre no llegue al río.

Texto e imágenes de: El panfleto
@ Editorial: El miedo a lo desconocido.

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