Fuerza Popular se victimiza pese a que decisión de Richard Concepción es legal

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Los congresistas de Fuerza Popular se están victimizando políticamente, pese a que es totalmente legal la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de autorizar el allanamiento y registro domiciliario de dos locales de dicho partido, sostuvo Carlos Rivera, director del IDL.

Fue al referirse a la decisión del Poder Judicial en mérito a un pedido del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, quien investiga los aportes a la campaña electoral de Fuerza Popular del 2011 y las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.

“Me parece una diligencia pertinente, porque el fiscal está llevando a cabo una investigación encaminada a lograr material de información o evidencia documental respecto a un probable aporte económico de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori. La Fiscalía puede solicitar ese tipo de diligencias y el juez ha entendido que es perfectamente legal y pertinente una diligencia de esa naturaleza”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esto es parte de las acciones que Pérez Gómez venía tomando desde setiembre de este año, y [el allanamiento]es justificable en el sentido de que [se da]en el marco de una investigación sobre un aporte de dinero a la campaña de un partido. […] La reacción del fujimorismo es de victimización política, pero totalmente contradictoria con lo que ayer mismo [decía sobre lo que] está haciendo la Fiscalía”, aseveró.

Doble discurso fujimorista

Rivera Paz sostuvo que es elemental que la Fiscalía pueda hacer un análisis de la documentación partidaria que pueda ser relevante para la investigación. Al mismo tiempo, el abogado advirtió la contradicción y el doble discurso de los dirigentes y parlamentarios fujimoristas.

“El dato político es que Concepción Carhuancho, que hasta ayer en la noche [para ellos]era un héroe por haber dictado prisión preventiva contra los directivos de las empresas consorciadas, ahora es repudiado, porque se dice que [el allanamiento]es un acto antidemocrático”, dijo.

“Eso es parte de ese discurso tan voluble y variable que el fujimorismo y otros grupos políticos están teniendo sobre las decisiones del sistema judicial en general”, anotó.

Un plan de investigación

Apuntó que la diligencia ayuda a dar cuenta de que el Ministerio Público está en un nuevo momento de las investigaciones de los casos más ligados a dirigentes políticos. Subrayó que para que el allanamiento se concrete el fiscal ha tenido que fundamentar el pedido de allanamiento e incautación, y el juez decidir en el marco de la legalidad y pertinencia.

“[Para solicitar allanamiento] tiene que haber una estrategia de investigación. En el marco de lo que Pérez Gómez viene haciendo desde setiembre, lo que hemos visto es una ruta dentro de un plan de investigación, en la que había una pieza fundamental: las declaraciones del señor Odebrecht, que han justificado la teoría del caso que el Ministerio Público estaba teniendo”, refirió.

Texto e imágenes de: Crónica Viva
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