FUJIMORISMO SIN REFLEJOS

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(Foto: Ojo Público)

Esta ha sido una semana complicada para el fujimorismo.

Todo comenzó cuando el Ministerio Público decidió abrir una investigación a Hiro y Sachie Fujimori por presunto lavado de activos de la empresa Limasa, una compañía que se encuentra bajo sospecha en base a sus extrañas transacciones financieras, que incluyen a socios japoneses. Rosa María Palacios resumió hace algunos meses el problema de fondo con estas operaciones:

Lo que se teme es que estos dineros provengan de una fuente ilícita, tanto en el caso de los socios peruanos, cuanto con el de los japoneses. La sospecha es que este sea dinero en posesión de Alberto Fujimori, sustraído del erario peruano y administrado, desde que éste abandonara Japón hace más de 10 años, por su hijo Hiro Fujimori. En teoría, las capitalizaciones de préstanos con allegados peruanos, sólo serían un cambio de testaferros, donde, poco a poco, va entrando capital.  Sin embargo, por la vía de la sociedad japonesa, estaría regresando al Perú, limpio legalmente, dinero que salió en maletines. Reitero, en teoría. Así, Hiro Fujimori no podría justificar por sí mismo ese capital, pero la trasnacional japonesa, sí. Cabe decir que para la trasnacional Sankyo se trata de una cifra pequeña, (un millón cuatrocientos setenta mil dólares de préstamo, luego capitalizado en parte) pero para los Fujimori, injustificable con sus propios  patrimonios, supuestamente modestos.

Las sospechas se basan en otros indicios. El asesor corporativo de Sanyko con base en Canadá, Daniel Scott Matson, a su vez, socio de los Fujimori, estuvo el 28 de febrero pasado, en plena campaña electoral, de visita en la Diroes. ¿Qué tendría que conversar por tres horas con Alberto Fujimori? Nadie lo sabe.  Ni siquiera una visita de cortesía al padre preso de un socio justificaría tan larga estancia. De otro lado, la página web, que anunciaba que la antes almacenera Limasa, convertida luego en Integrated Global Logistics, era una empresa trasnacional a partir del 2014, ha desparecido así como el anunció de nuevos negocios vinculados al almacenaje aduanero ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Qué pasó con la supuesta expansión del negocio? Misterio.

La fiscalía también ha pedido comprender a Kenji Fujimori en las pesquisas, previo levantamiento de su inmunidad parlamentaria. El congresista respondió con un gesto para la tribuna, renunciando a este beneficio en este caso. Pero existen otros casos en los que queda claro que se podrían seguir las investigaciones sin llegar a este supuesto.

El segundo golpe fiscal vino ayer. Keiko Fujimori ha sido comprendida en la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez y a su familia por lavado de activos. La lideresa de Fuerza Popular aparece en esta indagación, debido a que la Fiscalía estima que estaría utilizando al clan Ramírez para lavar dinero de la corrupción.

Recordemos que el exsecretario general de FP y su familia vienen siendo investigados al no poder explicar su patrimonio en forma fehaciente.

Y el último clavo vino desde el extranjero. Hoy se conoció que se amplió, en primera instancia, la extradición contra Alberto Fujimori por dos casos: el asesinato de seis personas en Pativilca cometido por el Destacamento Colina (sobre el que Fujimori tenía el mando) y la presunta autorización de la compra de un terreno en Chavimochic con fondos públicos, utilizando para ello al prófugo expresidente de Popular y Porvenir Augusto Miyagusuku.

La reacción del fujimorismo ha sido asumir la teoría de la persecución. La misma ha sido esgrimida incluso por la propia Keiko Fujimori, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, así como por congresistas y hasta por sus entusiastas fujitrolls. Todos estos casos no serían, en opinión de Fuerza Popular, un pretexto para tapar el caso Lava Jato.

Pero esa premisa tiene tres problemas.

El primero es que el caso Lava Jato sí podría complicar al fujimorismo. De un lado, ya en lo histórico, si es que finalmente los vinculados a empresas brasileñas hacen públicos sus tratos con el gobierno de Fujimori. Ya IDL-Reporteros reveló que una sobrevaloración de 500 millones de soles en los contratos obtenidos durante la década de 1990. De otro lado, por los tratos que pudieron haber tenido estas empresas con la bancada fujimorista y con la propia Keiko Fujimori, una arista de investigación que no debe descartarse.

Lo segundo es que los tres casos antes nombrados sí tienen elementos de juicio para iniciar una indagación (en los dos primeros ejemplos) y un proceso penal (en el tercero). Y todos terminan llevando a la misma pregunta: ¿de qué viven los Fujimori?

Y una tercera cuestión. Si realmente el fujimorismo cree que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, ¿no deberían empezar por casa?

Sin duda, Fuerza Popular buscaba emplear el caso Lava Jato para poder señalar que la corrupción de la década de 1990 fue menor. El problema es que tanto hechos pasados como relativamente presentes interpelan a la agrupación mayoritaria respecto de ese compromiso. Y en tanto la respuesta, desde la cabeza del partido hasta sus más fervientes trolls en redes, siga apelando a la teoría de la conspiración, el compromiso enunciado de combatir la corrupción seguirá siendo una palabra vacía que se la lleva el viento. Y, peor aún, recuerda cómo en la década infame se procesaban estas denuncias, lo que remarca la inexistencia de una real autocrítica sobre aquellos tiempos.

Texto e imágenes de: Desde el tercer piso : FUJIMORISMO SIN REFLEJOS

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