LAVA JATO: EL DUELO ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO Y EL CONGRESO

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(Foto: Andina)

Durante las últimas semanas, el Congreso de la República ha iniciado una ofensiva contra el Ministerio Público. ¿El motivo? La decisión de la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano colegiado de la entidad encargada de la investigación de delitos, de no autorizar al fiscal Hamilton Castro para declarar ante la Comisión Investigadora parlamentaria del caso Lava Jato.

En su columna del domingo, Enrique Pasquel, subdirector de El Comercio, resumió las principales declaraciones de los parlamentarios:

Mauricio Mulder, por ejemplo, dijo: “Sabe Dios qué se está negociando. Con los antecedentes que tiene el Ministerio Público, que está plagado de fiscales que liberan bandas, ¿qué pasará con este tema?”. Luego, habló de acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación. Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde se sumó al ataque y señaló: “Yo creo que hay que cambiar a ese fiscal, me parece que está muy mal”. Asimismo, Lourdes Alcorta acusó “falta de voluntad” de parte del Ministerio Público. Y, por citar un último caso, Héctor Becerril profetizó: “Cuando vaya la comisión [del Congreso]a Brasil y se encuentre con la información, seguramente vamos a saber por qué no quieren colaborar, qué esconden”. Y, así, siguieron sumando cocachos a la fiscalía.

¿Por qué la Fiscalía de la Nación y los demás fiscales supremos se oponen a la asistencia de Castro a la Comisión del Congreso? Muy simple. La reserva con la que el fiscal del caso Lava Jato se ha manejado no solo está dando resultados, sino que resulta clave para seguir avanzando en el mismo. En un foro político en el que existen varios partidos interesados en conocer a quien le pueden pegar luego – para aprovecharlo políticamente o salvar a sus líderes -, sin duda, presionar por esta información es una tentación para cualquiera.

A ello se suma que el Fiscal de la Nación no se sintió cómodo en la presentación que tuvo en el Congreso. Esto fue lo que indicó esta mañana para Ideele Radio:

“Nosotros no vamos a permitir el maltrato a los fiscales, a ninguno. Eso es clarísimo. Ciertamente yo me sentí ofendido ese día en la comisión, se nos hizo preguntas que no venían al caso. Además, no escuché ninguna propuesta, todo era crítica y ninguna propuesta”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La investigación comprende a personajes políticos, entonces sé que era inevitable que haya reacción obviamente, pero no de esa manera”, refirió.

En ese sentido, Sánchez Velarde dijo que el maltrato que recibió de parte de los miembros de esta comisión influyó en la decisión de la Junta de Fiscales Supremos, para que el fiscal Hamilton Castro no acuda a dicho grupo de trabajo.

Asimismo, Pablo Sánchez Velarde aludió a la amenaza de acusación constitucional que refirió el congresista Mauricio Mulder:

“La acusación constitucional [que plantearon presentar desde el Congreso]es una amenaza inaceptable, además, sin base constitucional, pero es parte del momento quizás que aconteció”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La presidenta del Congreso tuvo un ánimo conciliador. Luz Salgado es una persona que conoce mucho el trabajo constitucional y, ciertamente, planteó lo que dice la comisión, yo planteé lo que dijo la junta. Hemos tratado de conciliar, lo que queremos en el fondo es solucionar el problema, creo que es una formula bastante positiva de hacerlo”, afirmó.

De acuerdo a lo indicado por Ricardo Uceda en su columna de ayer, precisamente la reunión con Salgado habría puesto paños fríos y evitado que la sangre llegara al río.

Sánchez Velarde ha sido categórico en su respuesta final al Congreso: el fiscal Castro solo emitirá un informe escrito con aquello que pueda contar. No más, no menos. Esa sería la forma de solucionar el impasse.

Sin embargo, un sector del Congreso de la República insiste en citar a Castro. Ayer la Comisión de Constitución aprobó un informe en el que interpreta que ningún fiscal puede negarse a asistir al Congreso. Pero, como indica La República, constitucionalistas de diversas tendencias respaldan la posición del Ministerio Público, en base a la reserva de la investigación.

Finalmente, salvo que existan indicios sobre funcionarios con derecho a antejuicio, las recomendaciones y hallazgos del grupo de trabajo parlamentario sobre los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García (y sí se animan, los anteriores) terminarán siendo enviados para el Ministerio Público. Por tanto, tanta insistencia puede tener dos posibles causas: figuretismo o un afán por desvirtuar los pasos que se vienen.

Texto e imágenes de: Desde el tercer piso : LAVA JATO: EL DUELO ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO Y EL CONGRESO

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