AQUELLOS TIEMPOS…

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“A esto se añade, el violento accionar policial que ha originado muchas personas asesinadas por la Policía o gravemente heridas. En muchos casos, la Policía dispara a la cabeza de los manifestantes o por la espalda. Muchos muertos han sido testigos o personas no involucradas en las protestas, como la señora María Eva Solano, fallecida hace un mes en Huaycán. El actual gobierno ha incorporado una novedad: disparar con perdigones a los ciudadanos que protestan en Lima, como ocurría durante el gobierno de Humala en los casos de Tía María o Las Bambas.”

Por Wilfredo Ardito Vega

Año 2000.  Indignados frente al autoritarismo del régimen, un grupo de vecinos lava la bandera peruana durante varios días en la Plaza de Armas de Lima. Con Carlos Basombrío y muchos otros colegas del Instituto de Defensa Legal acudimos a respaldarles.  Entretanto, unos actores con máscaras blancas caminan por la plaza, mientras los espectadores los rodeábamos tomados de las manos.

Año 2017. Un grupo de adultos mayores carga un ataúd con el membrete de Odebrecht. Esta pequeña puesta en escena para denunciar la corrupción de la empresa brasileña no interrumpe el tránsito ni genera incomodidad para nadie. Sin embargo, un grupo de policías lanza insultos racistas a los señores, los golpea y los detiene trasladándolos a la comisaría de Puente Piedra.  [Nota del E.: Se puede ver el video acá:

Esta reacción violenta me hizo pensar cuán paradójico es que gobiernos democráticos como el que representa Basombrío reaccionen con más violencia frente a las protestas simbólicas que el régimen de Fujimori, tan autoritario y antidemocrático.

Una explicación es quiénes son los que protestan y por qué lo hacen.  En los años noventa las protestas contra el régimen de Fujimori tenían una imagen positiva, porque promovían los valores democráticos. Junto con los líderes políticos, en esas protestas participaban universitarios y profesionales, frente a los cuales la policía no ejercía violencia letal, probablemente por temor a las posibles consecuencias.

Durante los gobiernos de Toledo, García, Humala y Kuczynski en cambio, predominan las protestas de los sectores populares contra medidas que tienen un impacto económico, como los proyectos mineros que afectan a los campesinos o los nuevos peajes de Puente Piedra. Curiosamente, esos amables mandatarios actúan pretendiendo consolidar el modelo económico que estableció Fujimori.

Es verdad que en la actualidad es más frecuente que existan protestas violentas, pero también lo es que, hasta que eso no ocurre, las autoridades limeñas mantienen total indifererencia por las demandas de la población.

Sin embargo, aunque no haya violencia, los cuatro gobiernos han considerado las diversas formas de protesta (marchas, manifestaciones, bloqueo de carreteras) como una manifestación de inestabilidad, una amenaza frente a las inversiones o una expresión ideológica.

En realidad, existe una percepción bastante distorsionada sobre lo que es democracia.  Pareciera que, como el gobierno ha sido elegido por el pueblo, ya no debería haber protestas, porque el gobierno de por sí representa a la población. Curiosamente, este era el argumento en los países socialistas como China, Cuba o la Unión Soviética para argumentar que si el Estado se encontraba en manos del pueblo, no había razón para la disidencia. De hecho, con frecuencia se emplean términos como “enemigos del país” o “enemigos de la democracia” para quienes participan en estas protestas.

En realidad, el libre ejercicio del derecho a la protesta es una de las características de una sociedad democrática, por lo que hubiera sido esperable que con la caída de Fujimori, más personas se sintieran libres para poder expresar sus discrepancias. Naturalmente, este derecho lo tienen todas las personas, sea cualquiera su condición económica o el lugar donde viven.

Quienes rechazan su ejercicio en nombre de las inversiones o la estabilidad, en el fondo pretenden una sociedad donde no existan discrepancias ni disidencias (o éstas se encuentren totalmente reprimidas).  Pareciera que no pocos preferirían un régimen totalitario con algunas formas democráticas.

La reacción de los gobiernos del siglo XXI ha sido disponer medidas sumamente represivas frente a las protestas sociales, como cambios legislativos. Por ejemplo, la sanción máxima para el bloqueo de carreteras tenía una pena máxima de 3 años durante el gobierno de Fujimori, pero ahora puede ser sancionada hasta con 25 años de prisión.

A esto se añade, el violento accionar policial que ha originado muchas personas asesinadas por la Policía o gravemente heridas. En muchos casos, la Policía dispara a la cabeza de los manifestantes o por la espalda.  Muchos muertos han sido testigos o personas no involucradas en las protestas, como la señora María Eva Solano, fallecida hace un mes en Huaycán. El actual gobierno ha incorporado una novedad: disparar con perdigones a los ciudadanos que protestan en Lima, como ocurría durante el gobierno de Humala en los casos de Tía María o Las Bambas.

Un ejemplo muy dramático es el del fotógrafo Marco Antonio Ramón Huaroto, que se encuentra hospitalizado en Estados Unidos con peligro de perder la vista por los disparos sufridos el jueves 12 de enero.  El mismo peligro enfrenta el estudiante de gastronomía Erick Ramírez, cuyos amigos vienen realizando diferentes actividades de recaudación de fondos.  Otras víctimas han sido el fotógrafo de La República Hernán Hernández y el diseñador William Pérez.

Cuando en el 2000 participaba con Basombrío en las protestas contra Fujimori, no me podía imaginar que años después, durante su gestión en el Ministerio del Interior, hasta tomar fotos de una protesta podía tener consecuencias tan fatales.




Fuente: Plaza Tomada

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