ALGUNAS IDEAS SOBRE LOS EMPRESARIOS Y LA CORRUPCION

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(Confiep en la mira. Foto: Luis Davelouis)

Hoy Gonzalo Carranza, editor de Economía y Negocios de El Comercio, da un par de primicias en su columna en Día.1, suplemento de dicho rubro que sale cada lunes. ¿El tema? La forma cómo los gremios empresariales vienen tratando las denuncias sobre Odebrecht. Aquí los párrafos pertinentes.

¿Acaso Odebrecht había simplemente renunciado a su membresía en AFIN?

El gremio aclaró a este Diario que Odebrecht Latinvest  fue “desafiliada” el 7 de diciembre, días después de que su matriz publicara un comunicado aceptando conductas impropias.

En enero de este año, cuando ya se conocía la confesión de Odebrecht de haber pagado sobornos en el Perú, AFIN desafilió también al consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), formado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Otros consorcios en los que Odebrecht ha firmado compromisos de venta de sus acciones o es socio minoritario -H2Olmos y Rutas de Lima- aún son parte de AFIN.

El gremio de la infraestructura explicó a este Diario que en los procesos de desafiliación aplicó su Código de Conducta y de Principios, y siguió los procedimientos establecidos en su Reglamento.

Mientras tanto, el viernes por la noche se supo que GSP también fue separado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, aunque sin comunicado oficial a la prensa ni expresión de causa.

Como señala Carranza al final de su columna, es necesario que los gremios empresariales sean más fuertes ante casos de corrupción y que repiensen su actuación en estos casos. De hecho, las desafiliaciones presentadas por el editor del diario más antiguo del país era algo que pocos conocían, incluso en círculos políticos y empresariales. No basta sólo con firmar códigos de ética – todos los gremios empresariales afilados a CONFIEP, como los arriba mencionados, los tienen, por iniciativa de su expresidente Ricardo Briceño – sino también cumplirlos e indicar cuando existen sanciones.

De hecho, este es un tema que ya ha sido puesto en la mesa desde hace tiempo. El propio diario El Comercio publicó un informe sobre el pobre funcionamiento de los códigos de ética empresariales en el país, a raíz de la sentencia por defraudación tributaria contra Lelio Balarezo, exvicepresidente de la CONFIEP, el gremio de gremios empresariales.

Precisamente, el caso Balarezo marcó otro hito en la forma cómo estas entidades están teniendo poca reacción respecto de este tipo de casos. Gonzalo Zegarra, director de Semana Económica (revista que no está precisamente en contra del libre mercado), fustigó duramente la pobre respuesta que tuvo el empresariado sobre este tema:

Pues bien, la falta de un enérgico repudio al delito de Balarezo acerca al empresariado formal peruano a ese lumpenempresariado (Lumpenunternehmer). Uso el término para hacer un paralelo con el concepto marxista de lumpemproletariado, que no sólo delinque sino que además carece de conciencia social (SE 1260).

Esto es lamentable, pues conceptualmente el empresario –el que hace empresa– debería por definición ser lo contrario: quien ejecuta tareas difíciles con decisión y esfuerzo (SE 1224). Quien hace trampa realmente no compite, sino que medra. No se esfuerza, acaso por sentirse incapaz, y por tanto carece de autoestima (SE 1309).

Y también Rosa María Palacios – alguien a quien no podríamos acusar de marxista – señaló lo siguiente, en la misma coyuntura:

¿Cual es la posición de Confiep frente a la evasión tributaria en esta modalidad? Silencio. ¿Qué acciones institucionales desarrollan para impedir estas extendidas prácticas entre sus asociados? Silencio. La tentación, frente a un Estado que se lleva 30% de lo que ganas es enorme. Entonces, ¿no están furiosos aquellos que si cumplen y son absolutamente formales? ¿No es acaso una oportunidad institucional para deslindar entre empresarios y delincuentes? ¿Por que cree Confiep que la marcha de los “pulpines” fue a su puerta? Si sus asociados observaran las mejores prácticas laborales y tributarias mas sentido tendría marchar a la Avenida Gamarra, el emporio textil de la informalidad ¿verdad?.  Pero si los pulpines fueron a su puerta es porque también la empresa formal, o la que dice serlo, tiene problemas graves en dos ámbitos sensibles: laboral y tributario. Seres humanos y Estado.

No es la única práctica a cambiar. Augusto Townsend, editor en SE en 2009, señalaba lo siguiente frente a las presentaciones de grandes inversiones y reuniones palaciegas, mediado un año del escándalo de los Petroaudios:

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

¿Hay señales de cambio? Hoy el presidente de CONFIEP, Martín Pérez, propuso que se tipifique como delito la corrupción entre privados, un primer paso adelante en un cambio legislativo que se ocupará de un vacío legal importante. E indicó que el sector privado debe hacer un mea culpa. Sin embargo, resulta necesario que el gremio de gremios empresariales haga un pronunciamiento institucional fuerte, luego de los casos que comprometen a empresas brasileñas (que, en muchos casos, operaron en consorcio con sus pares peruanos). Y no basta con decir, como lo han hecho los voceros de Graña y Montero, que desconocían la fama de su socio carioca.

Una de las principales críticas que varios tenemos con CONFIEP y con otras entidades empresariales se encuentra en que no hicieron una reflexión en serio respecto de su aquiescencia o mirada hacia el techo frente a un gobierno autoritario que devino en el más corrupto de nuestra historia. En general, nuestros principales voceros empresariales han sido entrenados en una escuela conservadora, en la que aceptar errores (como la ida a la salita del SIN de algunos de ellos o su complacencia con un régimen que corrompía al país) o plantarse fuerte contra la corrupción (como en el caso Petroaudios) era poco menos que un imposible. Con contadas excepciones, nuestros empresarios han tolerado u omitido algún pronunciamiento tajante frente a prácticas ilícitas y antiéticas. Hoy, que el caso Lava Jato vuelve a poner sobre la mesa la forma de hacer negocios en el Perú, tienen una nueva oportunidad para, finalmente, revindicarse.

Pero, hasta ahora, viene siendo una opción que no desean asumir.




Fuente: Desde el tercer piso

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